La difamación, el primer paso para la privatización de la Salud en México

Se hace viral. En Ciudad Obregón, Sonora, un médico oftalmólogo extirpa el ojo sano a un niño de 14 meses. En Chihuahua, un médico deja unas pinzas en el vientre de una mujer. En el mismo estado se pierde el riñón que una madre había donado a su hija. Días después, en Saltillo, Coahuila, unos practicantes le “cortan” el pene a un recién nacido, al confundir éste con el cordón umbilical.

De pronto, en cuestión de días, máximo semanas, el gremio médico ha pasado a ser el foco de las críticas. Los locutores de los noticieros, con voz indignada, reclaman la falta de seriedad de los médicos de los hospitales públicos (siempre públicos) y la falta de respuesta de las autoridades. En los periódicos, las notas se suceden una tras otra. En todas, un médico, una pasante, un interno o una especialista atentan contra la integridad física de algún paciente. En las redes sociales, los comentarios eufóricos que reclaman las cabezas de aquellos que son denunciados no cejan. Se les humilla, se les insulta, se les amenaza. El Tribunal de la Santa Inquisición en el que se han convertido las redes sociales, emite su sentencia: las y los médicos (del sector público, siempre y únicamente del sector público) deben desaparecer.

Este proceso podría sorprendernos de no ser porque lo conocemos de cabo a rabo. Lo conocemos porque ya lo hemos vivido, lo hemos recorrido una y otra vez, desde que las “grandes mentes” que dirigen el país asumieron sin chistar el programa privatizador. Desde entonces este es el ABC de las privatizaciones.

Primero. Se ubica el sector que se desea privatizar. En seguida se comienza a aplicar su desmantelamiento financiero. Se recorta el presupuesto, bajo el argumento de que no hay recursos y se reduce, por consiguiente, la calidad del servicio otorgado. Acto seguido se activan todas las herramientas comunicativas al alcance y se inicia una embestida mediática contra los trabajadores. Se les acusa de tener sueldos onerosos; de que el sindicato es el culpable de la quiebra de la empresa o el sector; se afirma que hay muchos empleados; que son deshonestos, irrespetuosos, corruptos, etcétera, etcétera (por epítetos no paran). Los medios de comunicación alineados al gobierno en turno se suman sin chistar a la ofensiva mediática. Periódicos, revistas, programas de radio o de televisión y ahora, las redes sociales, se cierran cual puño y golpean sin cesar a las y los trabajadores. El pueblo se vuelca contra estos últimos y les reclama la falta de “calidad”, “eficiencia” o “atención” en el servicio. Una vez ganada la opinión pública, se privatiza, de manera legal o ilegal, eso es lo de menos, lo importante es que el capital privado encuentre la posibilidad de lucrar con un bien público.

Está formula la hemos visto repetida un sin número de veces. Ya sea con los trabajadores de Hornos de México, con los campesinos de Atenco, con los electricistas de Luz y Fuerza del Centro, con las y los pensionados, con Telmex, con los maestros o con los trabajadores de Pemex.

En el caso del sistema de Salud Pública en México, nos encontramos en el paso número 3. La difamación. Este punto es nodal, estratégico, sine qua non. Sin este los puntos anteriores pierden razón de ser y los siguientes no pueden ser cumplidos. Es la columna vertebral del esquema. El objetivo es hacer que el pueblo trabajador, aquel que con sus impuestos mantiene al sector o a las empresas, en este caso a los hospitales y al sistema de salud entero, y que además es, o debería ser, el principal beneficiario, se vuelva su enemigo más acérrimo. Esto justifica la privatización. “Los ciudadanos lo pidieron” o “era incosteable”, dirán los administradores del gobierno.
Así, las y los trabajadores de la salud en éste país (enfermeros, camilleros, médicos, internos, pasantes, dentistas, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo) todos se convertirán en focos del escrutinio público más rapas. No importa las notas que se publican no sean corroboradas, o que no provengan de una fuente fidedigna, o que incluso estén basadas en información falsa. Lo importante es demostrar que los que se equivocan lo hacen a propósito, lo hacen porque les gusta ver sufrir a los enfermos y sus familias, lo hacen por placer y con premeditación alevosía y ventaja. Pero además, que no son un caso aislado, sino al contrario, que son lo cotidiano, lo rutinario.

Poco importa que se labore en condiciones precarias, sin material, sin medicamentos, sin el personal suficiente. No importa que los estudiantes hagan guardias de 18 0 36 horas, que sufran de abusos por parte de sus maestros o superiores, que se les denigre y se les insulte. No importa que no duerman y no coman. No importa que se trabaja bajo la extorción o intimidación de los grupos del crimen organizado. No importa que sean asesinados por la delincuencia o por algún “paciente inconforme”. No importa que falten médicos y personal para atender a todos los pacientes. No importa que a pesar de eso sean miles los que atienden y salvan por año. Lo importante es que no sean la noticia del día o la semana.

No importa que el dinero se gaste en pagar el inmueble del nuevo Senado de la República al que se le han destinado más de 754.3 MILLONES DE PESOS. No importa que el gobierno federal y el del estado de México hayan donado MIL 700 MILLONES DE PESOS a instituciones y empresas para “elevar” la calidad educativa sin resultado alguno. No importa que la primera dama gaste, con dinero público, 120 MIL PESOS en dos vestidos. O que un diputado gane 74 MIL PESOS “por dieta mensual” por irse a dormir al congreso.

No importa, mucho menos, que los principal afectados seamos todos los usuarios de la salud pública en México. No importa que cuando la privaticen tengamos que pagar más, por menos servicios y de peor calidad. Lo importante es que eso nunca, nunca, será viral en las redes sociales.

Publicado por: Salud Y Resistencia

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